Congo/ Justicia: consultorios jurídicos situados lo más cerca posible de las comunidades
El proyecto piloto de acceso a la justicia para las mujeres y las personas vulnerables fue presentado oficialmente el 14 de julio en Brazzaville por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Promoción de los Pueblos Indígenas, Aimé Ange Wilfrid Bininga.
Impulsado por la Asociación de Mujeres Juristas del Congo (AFJC), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la población, en particular a las mujeres víctimas de violencia y a las personas vulnerables. La iniciativa prevé, en una primera fase, la creación de consultorios jurídicos comunitarios en los distritos de Brazzaville, para posteriormente ampliarse progresivamente a otras ciudades del país, en particular Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi y Ouesso. Estos espacios de escucha, información, orientación y asistencia jurídica permitirán a las personas que acuden a ellos beneficiarse de un acompañamiento de calidad y de la confianza necesaria para hacer valer sus derechos. Más allá de la asistencia, estas clínicas constituirán también espacios de educación jurídica y sensibilización, contribuyendo así a prevenir conflictos, reforzar la cohesión social y promover una auténtica cultura de los derechos humanos.
En su intervención, el ministro de Justicia, Aimé Ange Wilfrid Bininga, destacó la importancia del acceso a la justicia, que constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho. «Por lo tanto, no puede ser un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho efectivo del que todo ciudadano debe poder disfrutar, sin distinción de sexo, condición social, lugar de residencia o pertenencia comunitaria», declaró.
El ministro también elogió, en su discurso, los avances legislativos del Congo, citando la Ley Mouebara sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, la Ley sobre la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la Ley relativa a los derechos de los pueblos indígenas, así como la Ley de protección de la infancia. Estos textos, recordó, ponen de manifiesto el refuerzo progresivo del marco jurídico nacional en materia de protección de los derechos de los colectivos vulnerables y de promoción de la igualdad y la inclusión. «Estos avances reflejan el compromiso del Estado de garantizar a todas las personas el acceso a una justicia imparcial y de promover una sociedad basada en la igualdad, la dignidad y el respeto de los derechos humanos », prosiguió.
La representante residente del PNUD en el Congo, Adama-Dian Barry, presentó un balance preocupante sobre el acceso de las mujeres a la justicia a escala mundial. «Solo el 35 % de las mujeres considera que tiene acceso a la justicia, frente al 44 % de los hombres. Menos del 40 % de las mujeres víctimas de violencia denuncian hoy en día los hechos y menos del 10 % de ellas presentan una denuncia ante la policía», señaló.
Estas cifras, añadió, reflejan una realidad indiscutible para millones de mujeres en todo el mundo. El principal obstáculo no es la falta de derechos, sino la imposibilidad de hacerlos valer. Asimismo, enumeró los múltiples obstáculos que dificultan el acceso a la justicia, entre ellos la precariedad económica, la lejanía geográfica de los tribunales, la falta de información y de conocimientos sobre los mecanismos jurídicos, así como factores socioculturales como las normas discriminatorias, los estereotipos, la dependencia económica y el temor a la estigmatización o a las represalias.
«Una justicia que no es accesible para las mujeres no puede ser plenamente justa, ya que las mujeres representan más del 52 % de la población mundial», subrayó. Destacó la necesidad de un acompañamiento psicológico y social que permita a las víctimas comprender los mecanismos que el Estado pone a su disposición y dar su consentimiento para activarlos con el apoyo y la protección necesarios.
La presidenta de la AFJC, Jocelyne Milandou, por su parte, rindió un caluroso homenaje al ministro de Justicia por su apoyo institucional, muestra del reconocimiento al trabajo de su organización desde hace 35 años. Recordó que su asociación se ha dedicado a la formación sobre los derechos de las mujeres, a los litigios electorales, a la defensa de causas y al acompañamiento jurídico y judicial. La asociación ha contribuido de manera eficaz a la reforma del Código de Familia y ha sido la primera organización del Congo en alertar sobre la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. Asimismo, ha participado en la elaboración de la Ley Mouebara. « El acceso a la justicia no es un privilegio que deba reservarse a determinados ciudadanos. Es un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución», afirmó, citando los artículos 15 y 17, que consagran la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Fuente: www.adiac-congo.com/
